Por: Katherine Cruz

Este miércoles, el Ministerio del Interior y la UNP evaluaron 21 casos de precandidatos para el 2026, fortaleciendo la protección y transparencia democrática ante un panorama de riesgos.

Este miércoles, el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE) celebró su octava sesión. Liderada por la Dirección para la Democracia del Ministerio del Interior, junto con la Dirección de Derechos Humanos y la Unidad Nacional de Protección (UNP), la reunión se enfocó en resguardar el camino hacia las elecciones legislativas de 2026. El objetivo central fue evaluar y coordinar la seguridad de precandidatos, vital para la integridad de nuestra democracia.

En esta crucial jornada, el CORMPE contó con la participación activa de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Este espacio interinstitucional se consolida como un pilar fundamental para la coordinación y recomendación de medidas preventivas. Así, se busca asegurar que cada precandidato pueda ejercer sus derechos políticos sin riesgo alguno.

Durante la sesión, se analizaron 21 casos específicos de protección para precandidatos al Senado y la Cámara de Representantes. Esta labor subraya el compromiso del Ministerio del Interior por articular esfuerzos que garanticen unas elecciones libres y seguras. Se busca que cada voto y cada postulación reflejen la plena participación ciudadana y la transparencia deseada.

La compleja realidad electoral colombiana, marcada por amenazas y violencia contra liderazgos políticos, según informes de la MOE, exige una respuesta estatal robusta. Con 128 hechos de violencia registrados entre enero y abril de 2025, incluyendo agresiones letales, la activación de estas instancias es imperativa. El fortalecimiento de garantías electorales es crucial para que el ejercicio político no se vea coartado y para asegurar una democracia más inclusiva y segura en 2026.