Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

En Colombia, jueces pueden prohibir la salida del país a deudores alimentarios para asegurar el sustento de menores o dependientes. Esta medida, respaldada por la ley, busca proteger el derecho fundamental a la alimentación.

La prohibición de salida del país por deudas alimentarias en Colombia se sustenta en la protección del derecho fundamental a la alimentación de niños y dependientes. Esta medida, implementada a través de órdenes judiciales, se ha aplicado en numerosos casos a nivel nacional. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas de los padres o responsables. La legislación colombiana prevé diferentes sanciones para quienes incumplen con estas responsabilidades.

La legislación que respalda estas medidas incluye el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y el Código Penal. Casos como el de Jair Alfonso Forero Mayorga en Yopal, quien tuvo restringida su salida del país por incumplimiento alimentario, o el de Ferney Efrén Murcia Miranda, con una deuda superior a 60 millones de pesos, ilustran la aplicación de estas medidas. La decisión de un juez se basa en la evaluación del riesgo de incumplimiento y la necesidad de proteger a los beneficiarios.

Estas medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, se aplican cuando existe una deuda alimentaria en mora y el juez percibe un alto riesgo de incumplimiento o evasión de la obligación por parte del deudor. La Ley 2097 de 2021, que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), refuerza estas medidas al incluir la prohibición de salida del país como posible sanción adicional. El objetivo es generar presión para el cumplimiento de las obligaciones y garantizar el bienestar de quienes dependen de la pensión alimentaria.

El impacto de estas medidas es significativo, ya que busca equilibrar el derecho al libre tránsito con el derecho fundamental a la alimentación. Si bien algunos pueden argumentar que se limita la libertad de movimiento, la medida se justifica al proteger a los más vulnerables. La implementación efectiva depende de la agilidad del sistema judicial en la aplicación de estas medidas y en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones alimentarias. La transparencia y el acceso a la justicia son cruciales para asegurar un proceso justo para todas las partes involucradas.