Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario de Miss Universo, es investigado por la FGR por huachicol, tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado. Busca acuerdo de colaboración.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto bajo la lupa a Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario del certamen Miss Universo, por su presunta implicación en actividades de delincuencia organizada. Las imputaciones abarcan desde el tráfico de hidrocarburos hasta la rematriculación de armamento y su vinculación con grupos criminales. Este caso, que sacude el ámbito empresarial, destaca la complejidad de las redes delictivas en el país y la penetración del crimen organizado en sectores aparentemente legítimos.

Según información publicada por Reforma, la agente Yazmín Mayoral Marín, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó el 6 de agosto una orden de captura contra Rocha. Los cargos incluyen delincuencia organizada con fines de tráfico de narcóticos, armas e hidrocarburos. Paralelamente, el empresario se ha acercado a la FGR para solicitar un criterio de oportunidad, buscando beneficios legales a cambio de su colaboración y convirtiéndose en testigo colaborador. Este movimiento legal sugiere un intento por esclarecer o mitigar su situación ante las graves acusaciones.

Inicialmente, un juez federal de Almoloya de Juárez se declaró incompetente para conocer el caso, remitiéndolo a un juzgado de Querétaro, lo que generó un impás judicial. Durante este periodo, Rocha Cantú gestionó el criterio de oportunidad, un mecanismo crucial para la investigación. Las indagatorias preliminares apuntan a una sofisticada red que ingresaba combustible robado desde Guatemala, utilizando empresas fantasma en Querétaro para su facturación y posterior venta en el mercado formal. Esta estructura revela un entramado corporativo diseñado para blanquear operaciones ilícitas a gran escala.

Además del tráfico de hidrocarburos, las investigaciones paralelas detallan un complejo sistema empresarial para la adquisición, transporte y rematriculación de armamento. Estas armas, con documentación aparentemente legal, terminaban en manos de grupos criminales, evidenciando una preocupante fusión entre el empresariado y la delincuencia organizada. Aunque el estatus final del criterio de oportunidad no ha sido confirmado, el expediente contra Rocha avanza con señalamientos graves. Este caso subraya la urgente necesidad de mayor transparencia y el combate frontal a la impunidad en las esferas más altas, reforzando la confianza en nuestras instituciones.