Por: karol Yulieth Lopéz león

La Fiscalía General de la Nación logró el comiso de 28 lingotes de oro, valorados en más de 15.514 millones de pesos, incautados a dos hombres que no pudieron justificar su legalidad en Putumayo-Huila, consolidando un golpe al lavado de activos.

En un contundente golpe contra las finanzas ilícitas, la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró el comiso de 28 lingotes de oro. Este valioso cargamento, cuyo peso supera los 41 kilogramos y está valorado en más de 15.514 millones de pesos, fue incautado en un operativo en la vía entre Mocoa y Pitalito. La acción reafirma el compromiso de las autoridades con la protección del patrimonio público y la lucha contra la economía ilegal. Este decomiso subraya la eficacia de los controles estatales para frenar el flujo de metales preciosos de procedencia dudosa.

Dos hombres, Andrey David Murcia Dávila y Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez, fueron judicializados y señalados de transportar el oro sin los soportes legales requeridos. La Fiscalía argumentó que estas personas no acreditaron la procedencia lícita del metal, careciendo de certificados de origen y documentos de comercializadores autorizados. Ante la contundencia de las pruebas, ambos fueron imputados por el delito de lavado de activos. Un juez de control de garantías aceptó la solicitud de comiso y dictaminó medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados.

La incautación se produjo en un procedimiento de registro y control rutinario, ejecutado por unidades de la Policía Nacional en la vereda El Cedro. Los 28 lingotes de oro se encontraban ingeniosamente ocultos en el tanque de combustible del vehículo conducido por Murcia Dávila. Tras la detención, el metal precioso fue sometido a pruebas que confirmaron su autenticidad. La rápida acción judicial y la colaboración interinstitucional fueron claves para el éxito de esta operación.

Este significativo decomiso representa un duro golpe a las redes dedicadas al lavado de activos y a la explotación ilegal de recursos, que tanto daño causan al medio ambiente y a las comunidades locales. El oro recuperado, tras su autenticación, ha sido puesto a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB). Será custodiado por el Banco de la República, garantizando que estos bienes dejen de alimentar la criminalidad y puedan ser aprovechados en beneficio de toda la ciudadanía. La eficacia de estas acciones refuerza la institucionalidad y la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad organizada.