Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Tras 18 días de cautiverio, la familia de Lyan José Hortúa, de 11 años, logró su liberación pagando un rescate, siguiendo el consejo de funcionarios estatales.

El secuestro de Lyan comenzó como una pesadilla para su familia y se convirtió en un caso emblemático de la crisis de seguridad en Colombia. El niño fue capturado por individuos que, según informes, pertenecen a disidencias de las FARC. Ante la falta de avances significativos en las investigaciones y la creciente preocupación por la seguridad de Lyan, funcionarios del Estado recomendaron a la familia negociar directamente con los secuestradores.

El tío de Lyan, un médico de la localidad, expresó su frustración y desesperación ante la situación: “Nos sentimos abandonados. No somos delincuentes, somos una familia trabajadora”. Reveló que una prima del niño tomó la valiente decisión de contactar a los captores y finalizar la negociación, lo que llevó al pago del rescate y a la posterior liberación del menor.

Lyan fue entregado a campesinos en una zona rural, quienes a su vez lo pusieron bajo la protección de la Defensoría del Pueblo. Durante este proceso, la familia de Lyan criticó duramente la falta de apoyo gubernamental y la aparente indiferencia del presidente Petro, quien solo se pronunció sobre el caso después de 18 días del secuestro.

Este incidente no solo deja a una familia endeudada y a un niño traumatizado, sino que también plantea serias preguntas sobre la eficacia de las políticas de seguridad del Estado y la protección de los derechos humanos en Colombia. La comunidad y los activistas exigen cambios y más apoyo para las víctimas de secuestro, enfatizando que la seguridad de los ciudadanos debería ser una prioridad para el gobierno.