Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La justicia guatemalteca fracasó en su intento de obtener una circular roja de Interpol contra el exministro colombiano Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo, acusados de delitos en el caso Odebrecht. La decisión fortalece la postura del gobierno colombiano.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha desestimado la solicitud de Guatemala para emitir una circular roja contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo. La petición, impulsada por la Fiscalía guatemalteca, se basaba en acusaciones de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y colusión, en el marco de la investigación del caso Odebrecht. Esta decisión representa un revés para las autoridades guatemaltecas.

La solicitud de captura internacional generó un fuerte rechazo del Gobierno colombiano, que la calificó como una acción sin fundamento jurídico y contraria al derecho internacional. El exministro Velásquez y la fiscal Camargo cuentan con inmunidad internacional, amparada por el Acuerdo de Creación de la CICIG, lo que refuerza la improcedencia de la solicitud. La W Radio confirmó la decisión de Interpol a través de una declaración del periodista Julio Sánchez Cristo.

El anuncio de Interpol se basa en un análisis de la solicitud guatemalteca que consideró los argumentos de la defensa y la inmunidad internacional de los funcionarios colombianos. La investigación del caso Odebrecht en Guatemala ha sido objeto de controversias y ha generado tensiones entre ambos países. La decisión de Interpol podría interpretarse como un respaldo a la postura colombiana y una señal de que la solicitud carecía de base legal sólida.

La decisión de Interpol sienta un precedente importante al rechazar una solicitud de captura internacional basada en acusaciones contra funcionarios con inmunidad internacional. El caso resalta la importancia del derecho internacional y los acuerdos bilaterales en el ámbito de la cooperación judicial. Es probable que este incidente genere debate sobre la independencia judicial en Guatemala y la necesidad de robustecer el estado de derecho.