Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Ocho partidos de oposición y centro denuncian un intento de “golpe de Estado” por parte del presidente Petro al intentar convocar una consulta popular vía decreto, sin el aval del Senado. Amenazan con acciones legales.

Bogotá, junio 3 de 2025. La tensión política en Colombia escaló este lunes luego de que ocho partidos políticos emitieran un comunicado conjunto rechazando la iniciativa del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, sin la aprobación del Senado. Esta acción, calificada como inconstitucional por las colectividades, ha generado una fuerte controversia y un llamado a la defensa del Estado de Derecho.


Entre los firmantes se encuentran Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y Partido ASI. Los partidos argumentan que la decisión presidencial representa un atropello a la institucionalidad democrática y una grave amenaza al equilibrio de poderes. El comunicado destaca la preocupación por la posible instrumentalización de causas sociales para fines políticos.


La iniciativa del presidente Petro de forzar la consulta popular vía decreto surge tras el rechazo previo de la propuesta por parte del Senado. Este hecho, sumado a las acusaciones de presión y descrédito hacia el Congreso por parte del Ejecutivo, ha generado una profunda división en el espectro político. La falta de consenso en el Legislativo llevó al presidente a buscar una vía alternativa, lo que ha sido interpretado como una maniobra para eludir el control democrático.


La controversia amenaza con profundizar la ya existente polarización política en el país. Las consecuencias podrían incluir una escalada de la tensión social, acciones legales por parte de la oposición, y una crisis institucional que ponga en entredicho el orden constitucional. La postura unificada de los ocho partidos políticos representa un frente sólido de resistencia contra lo que consideran una amenaza directa a la democracia colombiana. El futuro político de Colombia pende ahora de la decisión de las instituciones encargadas de velar por la legalidad y el respeto a la Constitución.