Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El presidente Gustavo Petro anunció por decreto una consulta popular, generando fuertes críticas de exfuncionarios de su gobierno, quienes lo acusan de vulnerar la institucionalidad. La decisión, tomada tras el rechazo en el Senado a una consulta similar, provoca una profunda crisis política.

El martes 3 de junio, Petro sorprendió al país al anunciar, vía decreto, una consulta popular. Esta decisión, justificada por el mandatario como la única vía para que el pueblo se exprese tras las presuntas irregularidades en el Senado, ha desatado una ola de controversias.


El contexto de este anuncio reside en el hundimiento de una proposición de consulta popular en el Senado el 14 de mayo. Petro acusa al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de “vagabundería” en la plenaria, responsabilizando también al senador Édgar Díaz Contreras por un presunto cambio de voto. Esta situación, según el presidente, justifica la vía del decreto para convocar la consulta.


Entre las voces críticas se encuentra Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio e Industria y exdirector de la DIAN, quien en redes sociales comparó la decisión de Petro con las irregularidades que se le imputan a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Reyes cuestiona la ética del gobierno, argumentando que “romper las reglas por una buena causa” sienta un peligroso precedente. El actual ministro del Interior, Armando Benedetti, figura clave en la gestión de la consulta, se mantiene en silencio ante las acusaciones.


Los hechos evidencian una profunda fractura al interior del gobierno y su coalición. La decisión de Petro, si bien busca una legitimidad popular directa, podría ser interpretada como un abuso de poder y un atropello a la institucionalidad. Las consecuencias de esta decisión aún son inciertas, pero claramente marcan un punto de inflexión en la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, desatando una crisis política de grandes proporciones.