Por: karol Yulieth Lopéz león

Gobierno anuncia consulta popular a pesar del rechazo senatorial, generando una crisis institucional. El ministro Benedetti confirmó la decisión, pese a advertencias judiciales.

El 3 de junio de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene listo un decreto para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, a pesar de su rechazo en el Senado dos semanas antes. Esta decisión, tomada a pesar de las advertencias de la Corte Constitucional y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, provoca una grave crisis institucional. El gobierno argumenta irregularidades en la votación senatorial, basándose en la Ley Quinta de 1992.

El anuncio fue realizado por el ministro Benedetti, quien defendió la decisión gubernamental alegando fallas procesales en el Senado. Efraín Cepeda, por su parte, ha prometido acciones legales si el decreto es emitido. La Corte Constitucional, aunque con una relatoría no vinculante, ha indicado que el Ejecutivo no puede convocar una consulta sin la aprobación del Senado. La reforma laboral, especialmente su artículo 37 sobre trabajo por horas, genera una fuerte polémica entre sindicatos y empresarios.

El rechazo del Senado el 14 de mayo, por una diferencia de tan solo dos votos, se convirtió en un punto de inflexión. El Gobierno, interpretando la votación como nula debido a las presuntas irregularidades en el proceso, decidió avanzar unilateralmente. Esta estrategia, aunque arriesgada desde el punto de vista jurídico, refleja la determinación del gobierno de impulsar su reforma laboral y buscar el respaldo popular directo. El plazo fijado inicialmente por el Gobierno para la expedición del decreto era entre el 2 y el 9 de junio, si el Senado no se pronunciaba.

La decisión del Ejecutivo de acatar el resultado de la votación del Senado como un proceso sin validez legal, pone de manifiesto una tensión profunda entre las ramas del poder público en Colombia. El potencial enfrentamiento judicial que se avecina podría retrasar o incluso anular la consulta, generando aún más incertidumbre política y social. Las consecuencias de esta acción podrían afectar gravemente la gobernabilidad y la confianza en las instituciones democráticas del país. El debate sobre la reforma laboral y los límites del poder presidencial se intensifica en medio de una polarización social que parece profundizarse.