Por: karol Yulieth Lopéz león

Colombia responde a Guatemala: el presidente Petro ha prohibido la entrada a la fiscal guatemalteca Consuelo Porras tras órdenes de captura contra funcionarios colombianos. Se intensifica la tensión diplomática regional.

La decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de prohibir el ingreso a territorio nacional de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha generado una nueva crisis diplomática entre ambos países. Esta medida, anunciada el martes 3 de junio de 2025 durante un consejo de ministros televisado desde Bogotá, se produce como respuesta directa a las órdenes de captura emitidas por Porras contra dos altos funcionarios colombianos.

Los protagonistas de este conflicto son, por el lado colombiano, el propio presidente Petro, la fiscal general Luz Adriana Camargo y el embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez, ambos señalados por la fiscalía guatemalteca. Petro, al anunciar la prohibición, acusó a Porras de "denostar a gente honesta colombiana" y de burlarse de la dignidad nacional, añadiendo que la fiscal guatemalteca tiene vínculos con "amigos mafiosos". La canciller Laura Sarabia se encargó de formalizar la medida a través de un acto administrativo.

La orden de captura de Guatemala se dirige contra Camargo y Velásquez por su trabajo previo en la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), donde ambos lucharon contra la corrupción. Esta acción es interpretada por el gobierno colombiano como una represalia política. El anuncio de Petro se realizó en un consejo de ministros televisado, transmitiendo la gravedad de la situación y la determinación del gobierno colombiano de defender a sus funcionarios.


Esta situación representa un grave enfrentamiento entre Colombia y Guatemala, con implicaciones para la cooperación regional en la lucha contra la corrupción. Las sanciones internacionales previas contra Porras por socavar la justicia agravan el conflicto. Las consecuencias podrían incluir una mayor tensión diplomática, dificultades en la cooperación bilateral y una posible escalada de las represalias entre ambos países. La decisión de Petro refleja una postura firme contra lo que considera una persecución política y un intento de proteger la soberanía nacional.