Por: Katherine Cruz

El Congreso aprobó en primer debate el presupuesto nacional para 2026, con ajustes significativos. Se redujo en 10 billones el monto inicial, priorizando sectores sociales.

El Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2026 superó su primer debate en el Congreso de la República el pasado miércoles 24 de septiembre. La decisión, tomada por las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, implica una reducción considerable en el presupuesto inicial propuesto por el gobierno. Este avance es crucial para la planificación del próximo año.


La representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) presentó la ponencia aprobada, destacando la priorización de educación, salud, trabajo y defensa. El senador Ciro Ramírez (Centro Democrático) apoyó la iniciativa, resaltando la prevención de un decreto presidencial y una nueva reforma tributaria. La senadora Karina Espinosa (Partido Liberal), sin embargo, mostró su preocupación por la disminución de recursos en departamentos como Sucre, señalando un posible agravamiento de la desigualdad territorial. El Ministro del Interior celebró el avance, enfatizando el diálogo y la concertación.


La votación en las comisiones fue contundente, con mayorías a favor en Senado y Cámara. El Ministerio de Hacienda destacó el consenso logrado entre gobierno y Congreso. La aprobación final en plenarias en las próximas semanas es fundamental para evitar que el presidente Gustavo Petro deba recurrir a un decreto para aprobar el presupuesto, una medida tomada en 2024.


La aprobación del presupuesto, aunque positiva, deja expuestas tensiones entre la necesidad de controlar el gasto público y la demanda de recursos para atender las necesidades sociales y las disparidades regionales. La falta de equidad territorial sigue siendo un desafío. La decisión final del Congreso definirá el rumbo de las políticas públicas para el próximo año, impactando directamente en los sectores prioritarios del país. La posible emisión de un decreto, si no se aprueba a tiempo en el Congreso, plantea interrogantes sobre la eficiencia y la legitimidad del proceso presupuestario.