Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Tras un acuerdo con sindicatos, los congresistas verán un incremento salarial de $3.360.000, elevando sus ingresos a más de $52 millones mensuales.

Un reciente acuerdo laboral entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales del sector público ha resultado en un aumento salarial del 7% para los empleados del Estado, incluyendo a los miembros del Congreso. Este ajuste, firmado el pasado 30 de abril, incrementa los salarios de los servidores públicos y, por normativa, también aplica automáticamente a senadores y representantes a la Cámara.

El exsenador Gustavo Bolívar y la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, han expresado su indignación en redes sociales. Bolívar destacó la desproporción entre el aumento de los congresistas y la resistencia a mejorar las condiciones de los trabajadores más pobres, mientras que Navarro criticó la desconexión entre los ingresos de la clase política y la realidad económica del país.

El aumento no fue un punto negociado específicamente para los congresistas, sino una consecuencia de la estructura salarial del Estado. Cualquier mejora salarial acordada para los trabajadores se refleja igualmente en los ingresos de los altos funcionarios, incluyendo a los miembros del Congreso, quienes no participaron en las negociaciones pero se benefician de las mismas.

Este incremento ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas que limiten los salarios de los congresistas. Proyectos de ley como el del senador Iván Cepeda, que busca establecer un tope salarial, siguen estancados en el Senado. La situación subraya la desconexión entre los beneficios automáticos de la clase política y las demandas de moderación de ingresos que persisten en la opinión pública.