Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Explosiones, asesinatos y ataques con explosivos sacuden al suroccidente colombiano, dejando un saldo de un muerto y varios heridos. La situación es crítica en Cauca y Valle del Cauca.

Una ola de violencia sin precedentes azota el suroccidente colombiano, principalmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Los ataques, atribuidos a grupos armados ilegales, incluyen asesinatos selectivos, atentados con explosivos y hostigamientos a la fuerza pública. La situación ha generado una profunda preocupación entre la población y las autoridades. Cali, Popayán y Jamundí, entre otras ciudades, han sido epicentros de la violencia.


El hecho más reciente ocurrió en Caloto, Cauca, donde un policía fue asesinado por un francotirador. Este ataque se enmarca dentro de un "plan pistola" que ha generado una escalada de violencia en la región. La presencia de disidencias de las FARC ha sido confirmada en varias zonas, intensificando el conflicto. El alcalde de Cali ha llamado a la calma y a la no proliferación de información no verificada.


Las autoridades reportan el uso de carros bomba, granadas y cilindros explosivos en varios puntos. Cali sufrió tres explosiones simultáneas; en Popayán se cerraron los CAI por precaución ante posibles ataques similares; en Jamundí, se neutralizaron artefactos explosivos. La fuerza pública ha reforzado su presencia en las zonas afectadas, investigando los hechos y buscando a los responsables. La respuesta coordinada entre las diferentes autoridades es clave.


Esta escalada de violencia evidencia la capacidad operativa de los grupos armados ilegales y la fragilidad de la seguridad en la región. Es crucial fortalecer las estrategias de seguridad, invertir en programas sociales que aborden las causas de la violencia y garantizar la protección de la población civil. La cooperación ciudadana, junto a la información responsable, es fundamental para superar esta crisis. La falta de oportunidades y la histórica presencia de grupos armados en estas zonas contribuyen a un círculo vicioso de violencia. La situación exige una respuesta contundente del Estado y una profunda reflexión sobre las causas estructurales del conflicto.