Por: karol Yulieth Lopéz león

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Sebastián Guanumen como consejero en Chile, por irregularidades en el proceso. Esta decisión judicial cuestiona las designaciones del gobierno Petro.

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés judicial. El nombramiento de un estratega político cercano al presidente ha sido declarado ilegal. Esto abre un debate sobre la transparencia en la administración pública.


El 14 de febrero de 2024, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0214 nombrando a Sebastián Guanumen, estratega clave en su campaña presidencial, como consejero de relaciones exteriores en el consulado de Santiago de Chile. Este nombramiento, sin embargo, desató polémica por presuntamente desconocer los requisitos de la carrera diplomática. La designación generó críticas desde sectores opositores y algunos analistas políticos.

Sebastián Guanumen, hasta el momento, no ha realizado declaraciones públicas tras la decisión judicial. El presidente Petro, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre la anulación del decreto. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, encargado de la decisión, ha mantenido silencio sobre el caso más allá del fallo judicial.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumentó que el decreto no cumplía con los requisitos establecidos para el ingreso y ascenso en la carrera diplomática. Esta decisión se suma a otras anulaciones de nombramientos diplomáticos del gobierno Petro, generando un patrón de cuestionamientos a la legalidad de ciertas designaciones. El fallo judicial ha sido recibido como un triunfo para quienes defienden la meritocracia en el servicio público.


La anulación del nombramiento de Guanumen sienta un precedente importante, reafirmando la importancia del cumplimiento de la ley y el mérito en el servicio exterior. Este fallo judicial podría desencadenar más revisiones de nombramientos similares y genera una presión sobre el gobierno para asegurar la transparencia en futuras designaciones diplomáticas. El caso pone en relieve la tensión entre la voluntad política y el respeto a los procesos legales en la administración pública colombiana.