Por: Miguel Angel Trujillo

Álvaro Uribe Vélez acusó a la fiscal de su caso de "fiscalizar al oponente" durante un juicio por manipulación de testigos.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez enfrentó una nueva audiencia el 22 de mayo de 2025, donde se le acusa de presunta manipulación y presión a testigos. Durante la sesión, Uribe no solo defendió su inocencia, sino que también lanzó fuertes críticas contra la fiscal encargada de su caso, alegando que su actuación buscaba perjudicarlo políticamente. Este juicio, que ha capturado la atención nacional, se lleva a cabo en un contexto de polarización política en Colombia.

Entre los testigos clave se encontraba Álvaro Hernán Prada, exrepresentante a la Cámara y magistrado actual del Consejo Nacional Electoral, quien testificó por más de seis horas. Prada, quien también es investigado por hechos similares, respaldó a Uribe y negó cualquier acto ilegal por su parte. Durante su declaración, desmintió las acusaciones de Carlos Alberto López Callejas, alias Caliche, sobre supuestas conversaciones para influir en el testimonio de otro testigo clave, Juan Guillermo Monsalve.

El juicio ha estado marcado por testimonios contradictorios y una serie de acusaciones cruzadas entre la defensa y la fiscalía. La defensa de Uribe ha intentado demostrar que las acusaciones son parte de un complot político para desacreditar al expresidente, mientras que la fiscalía sostiene tener evidencia suficiente para probar la manipulación de testigos.

Este caso no solo es significativo por involucrar a una figura prominente como Álvaro Uribe, sino también por las implicaciones que tiene para el sistema judicial colombiano. La manera en que se maneje este juicio podría sentar precedentes sobre cómo se tratan los casos de influencia política en procesos legales y la independencia de la justicia en Colombia. La crítica de Uribe hacia la fiscal refleja una estrategia de defensa que busca cuestionar la imparcialidad y la integridad del proceso judicial.