La Fiscal General Luz Adriana Camargo anunció revocatoria de la suspensión de órdenes de captura a 16 procesados en el Valle de Aburrá y reconfigura la paz urbana

La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció la revocatoria de la suspensión de 16 órdenes de captura contra integrantes de estructuras criminales en el Valle de Aburrá, una decisión que impacta directamente el proceso de paz urbana en Medellín.

La medida, formalizada mediante la resolución 0079, aplica a personas que ya están privadas de la libertad y cumpliendo condenas en centros penitenciarios. “Revocamos la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura”, explicó la fiscal en entrevista con Caracol Radio, aclarando que la decisión fue notificada al Inpec y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Según Camargo, la revocatoria busca precisar el alcance de los beneficios dentro del proceso, dejando claro que no cobija a quienes ya han sido condenados. “Esta medida está dirigida a personas privadas de la libertad que se encuentran cumpliendo condenas y no a quienes están por fuera”, señaló.

De las 23 órdenes inicialmente suspendidas, siete se mantienen vigentes, principalmente contra cabecillas que siguen en libertad, lo que mantiene activa la persecución judicial sobre estas estructuras. En la práctica, la decisión redefine la situación jurídica de la mayoría de los implicados en los acercamientos de paz urbana.

El ajuste ocurre en medio de la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que busca reducir la violencia mediante diálogos con grupos armados y organizaciones criminales. Sin embargo, esta decisión marca un límite claro: los beneficios no aplican de la misma manera para quienes ya han sido condenados.

En paralelo, la fiscal también se refirió a otro caso de alto perfil: el proceso de extradición de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”. Camargo negó cualquier irregularidad o trato preferencial y aseguró que la investigación se originó en 2023, antes de su administración. “El proceso penal […] tiene que ver con concierto para delinquir con fines de contrabando y cohecho”, explicó, indicando que las pruebas fueron obtenidas mediante operaciones encubiertas.

Con estas decisiones, la Fiscalía busca enviar un mensaje de control institucional en medio de los diálogos de paz: avanzar en la reducción de la violencia sin suspender la acción judicial frente a estructuras criminales consolidadas.