Por: Miguel Angel Trujillo

El Gobierno colombiano expresó su rechazo a la decisión de Nicaragua de conceder asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. La Cancillería pidió al país centroamericano reconsiderar su postura y permitir que el exfuncionario responda ante la justicia.

El gobierno colombiano ha expresado su firme rechazo a la decisión de Nicaragua de conceder asilo político a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), involucrado en un escándalo de corrupción que involucra millonarios fondos públicos destinados a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Este acto ha generado una fuerte tensión diplomática entre ambos países.


El caso se centra en la presunta desviación de recursos públicos durante la gestión de González en el DAPRE. La Fiscalía colombiana lo acusa de corrupción y lavado de dinero, y se encuentra investigando sus movimientos financieros. González, al parecer, abandonó Colombia mientras las investigaciones avanzaban, lo que ha agravado la situación.


La Cancillería colombiana, mediante un comunicado oficial, ha manifestado su inconformidad con la decisión nicaragüense, argumentando que el asilo político otorgado vulnera el Tratado de Extradición de 1929 entre ambos países. El Ministerio de Justicia ha reiterado la solicitud formal a Nicaragua para que reconsidere su postura y permita la extradición de González para que responda ante la justicia colombiana.

La decisión de Nicaragua de otorgar asilo ha generado preocupación en Colombia, ya que sienta un precedente preocupante para la lucha contra la corrupción. La falta de cooperación internacional en este tipo de casos socava los esfuerzos por combatir la impunidad y recuperar los fondos desviados, implicando un detrimento para los ciudadanos colombianos. Esto podría afectar las relaciones bilaterales a futuro y dificultar la cooperación en otros temas de interés común.