Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El Consejo de Estado revocó la personería jurídica de Dignidad Liberal, el partido de Rodrigo Lara, generando un remezón político. La decisión afecta la estructura de la recién lanzada coalición de centro 'ALMA' y sus aspiraciones electorales.

El máximo tribunal administrativo fundamentó su fallo en que los actos de violencia registrados durante el proceso de acreditación de la personería jurídica ante el CNE no cumplieron con los requisitos y estándares éticos trazados por la Corte Constitucional. Esta resolución subraya la importancia de la integridad en los procesos democráticos y la necesidad de adhesión estricta a la ley para la conformación de fuerzas políticas.

Recientemente, el partido Dignidad Liberal había unido fuerzas con otras formaciones y movimientos para lanzar la coalición ‘ALMA’. Con figuras como el precandidato presidencial Mauricio Lizcano y el exsenador Rodrigo Lara, ALMA agrupa a Colombia Justa Libres, Alianza Democrática Amplia, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Alianza Social Independiente (ASI), Gente en Movimiento, y cerca de 35 Grupos Significativos de Ciudadanos. La coalición se autodefine como una fuerza de "CENTRO, seria, humana y profundamente ética", que promueve el diálogo, la inclusión y el cuidado ambiental, rechazando la corrupción y la política del resentimiento.

La decisión del Consejo de Estado, al anular la personería jurídica de uno de sus miembros fundadores por irregularidades en su origen, plantea un desafío significativo para la flamante coalición ALMA. Si bien la coalición ha expresado su interés en convocar una consulta interpartidista para las elecciones presidenciales de marzo de 2026 y presentar listas conjuntas al Congreso el 8 de noviembre de 2025, esta situación exige una reestructuración interna y reafirma el compromiso con la legalidad.

Este suceso resalta la vigilancia institucional sobre la conformación de partidos políticos y la importancia de la transparencia y la legalidad en el camino hacia las urnas. La revocación envía un claro mensaje sobre las consecuencias de la violencia en la política, instando a las nuevas coaliciones a fortalecer sus bases en el respeto a la ley y los valores democráticos.