Por: Miguel Angel Trujillo

La Corte Constitucional de Colombia suspende las mesas de cálculo de la UPC del Ministerio de Salud, exigiendo mayor inclusión ciudadana.

Bogotá, 13 de mayo de 2025. La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una orden al Ministerio de Salud y Protección Social para que suspenda durante 30 días las mesas de trabajo encargadas de calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta decisión surge como respuesta a la insuficiente participación ciudadana en estos encuentros, lo que contraviene los mandatos de la Constitución Política del país.

La resolución fue tomada por la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, compuesta por los magistrados José Fernando Reyes, Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero. Ellos destacaron que, aunque se establecieron las mesas técnicas, el Ministerio no ha logrado una participación efectiva de los diferentes sectores interesados, incluyendo organizaciones médicas, gremios económicos y asociaciones de pacientes.

La falta de inclusión efectiva ha sido señalada por varias entidades como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Asocajas y Acemi, además de la Procuraduría General de la Nación y grupos de pacientes. Estas organizaciones argumentan que la gestión del Ministerio ha sido poco transparente y ha demorado en cumplir con fallos judiciales anteriores, afectando el acceso a servicios médicos esenciales.

El fallo de la Corte recalca la necesidad de que el Ministerio de Salud garantice una participación amplia y significativa en las decisiones relacionadas con la salud pública, tal como lo establece la Sentencia T-760 de 2008. Además, subraya que cualquier ajuste en el sistema de salud debe ser acompañado por mecanismos democráticos que aseguren la representación efectiva de todos los actores involucrados.

Con esta medida, la Corte busca promover un proceso más transparente y participativo en la definición de la UPC, elemento crucial para el financiamiento de los servicios de salud en Colombia. Este fallo no solo busca rectificar el proceso actual, sino también fortalecer la legitimidad y equidad del sistema de salud colombiano, asegurando que las decisiones se tomen de manera justa y conforme a los principios del Estado social de derecho.