Por: Katherine Cruz

En las últimas horas, Camilo Molina y Maritza Santanilla fueron enviados a prisión por transportar más de 300 kilos de marihuana en Piamonte, Cauca. La pareja fue detenida con un vehículo hurtado, cargado de estupefacientes.

En un contundente golpe contra el narcotráfico, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Camilo Andrés Molina Bernal y Maritza Santanilla Sánchez. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, tras ser señalados de transportar una considerable cantidad de 301 kilogramos de marihuana. Los hechos se registraron en una zona rural del municipio de Piamonte, Cauca, un área conocida por su vulnerabilidad frente a actividades ilícitas.

Molina Bernal y Santanilla Sánchez enfrentan ahora graves cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y receptación. Estos delitos fueron imputados por la Fiscalía de Mocoa, Putumayo, encargada de la investigación en este caso transregional. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, ninguno de los dos implicados aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

La captura de la pareja tuvo lugar el pasado 30 de octubre en el sector de Miraflores, en Piamonte. Los sospechosos se movilizaban en una camioneta que despertó la atención de las autoridades. Tras una minuciosa inspección por parte del Ejército Nacional, se descubrieron 283 paquetes del estupefaciente, cuidadosamente distribuidos en seis sacos dentro del vehículo. Adicionalmente, se confirmó que la camioneta utilizada para el transporte de la droga había sido reportada previamente como hurtada, agregando un elemento más a la complejidad del caso.

Este operativo subraya la efectividad de la colaboración interinstitucional para desarticular redes de narcotráfico que afectan la seguridad y el desarrollo de las comunidades locales. La acción de la Fiscalía y el Ejército es fundamental para salvaguardar la tranquilidad en zonas como Piamonte, que a menudo son utilizadas como corredores estratégicos por grupos ilegales. La medida de aseguramiento no solo asegura la continuidad del proceso judicial, sino que envía un mensaje claro sobre la intolerancia a la delincuencia organizada y su impacto negativo en el tejido social.