Por: Miguel Angel Trujillo

La Procuraduría colombiana acusa a José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, de desviar más de mil millones de pesos de recursos de salud para un plan de ahorro personal. El ente de control calificó la acción como falta gravísima.

La investigación revela un grave caso de malversación de fondos públicos en el sistema de salud colombiano. El expresidente de la mayor EPS del país enfrenta cargos por presunto desvío de recursos.


La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, por la presunta apropiación indebida de más de $1.000 millones. Estos fondos, pertenecientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fueron destinados a un plan de ahorro denominado "Plan Semilla" en 2020. La entidad considera que dicha acción contraviene la ley, pues los recursos de la UPC están destinados exclusivamente a la atención en salud de los afiliados. Esta decisión se toma en el contexto de una creciente preocupación por la transparencia en la gestión de las EPS en Colombia.


Cardona, según la Procuraduría, reclasificó los fondos como gasto administrativo, lo que se considera una violación a las normas y principios de moralidad pública. El presidente Gustavo Petro ha calificado el suceso como uno de los más graves en el sistema de salud, afirmando que la Nueva EPS, a pesar de su carácter mixto, fue "saqueada". Las declaraciones del presidente Petro refuerzan la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva.


El desvío de fondos para un plan de ahorro personal revela una preocupante falta de ética en la administración de recursos públicos destinados a la salud. Si se comprueban las acusaciones, Cardona podría enfrentar una sanción de destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos, lo que enviaría un mensaje contundente sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las EPS. Este caso pone en relieve la urgencia de reformar el sistema de salud colombiano para prevenir futuras irregularidades y garantizar la correcta asignación de los recursos públicos.