Por: karol Yulieth Lopéz león

Aída Merlano Rebolledo recibió hoy una nueva condena de 42 meses por su audaz fuga de 2019. El fallo reabre el debate sobre la seguridad penitenciaria y la complicidad en el sistema, instando a reformas urgentes.

Medellín, 5 de diciembre de 2025. Un juez de conocimiento en Medellín sentenció hoy a la excongresista Aída Merlano Rebolledo a 42 meses y un día de prisión. La condena se impone por el delito de fuga de presos, un capítulo más en la compleja saga judicial que ha capturado la atención nacional. Este fallo se dio tras la verificación de un preacuerdo entre la Fiscalía y la procesada, cerrando un ciclo importante en este mediático caso.

Merlano Rebolledo, quien ya cumplía una condena de 15 años por otros delitos, protagonizó la cinematográfica evasión el 1 de octubre de 2019. En aquel entonces, fue trasladada por la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a una cita odontológica en el norte de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Delitos contra la Administración Pública, ha sido la entidad encargada de esta investigación crucial. Este suceso puso en entredicho la capacidad de custodia de las autoridades.

Los registros fílmicos y las pruebas recopiladas detallan cómo Merlano recibió una maleta de sus hijos, sacó una cuerda y, tras amarrarla a un mueble, escapó por una ventana de un segundo piso. Un motociclista la esperaba en la calle para facilitar su huida con rumbo desconocido. Para la Fiscalía, la excongresista actuó con premeditación y contó con apoyo externo para concretar su plan. Tras su fuga, permaneció en Venezuela hasta ser deportada el 10 de marzo de 2023.

Esta condena no solo representa una sentencia individual, sino que reaviva el debate sobre la integridad de las instituciones penitenciarias del país. La facilidad con la que se orquestó esta fuga subraya la urgencia de fortalecer los protocolos de seguridad y combatir la posible corrupción interna del INPEC. La sociedad exige transparencia y un sistema judicial robusto que garantice que ningún funcionario, por su posición, esté por encima de la ley. Es un llamado a la acción para asegurar que incidentes como este no se repitan, protegiendo la confianza pública.