Por: Katherine Cruz

Este viernes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció ataques continuos a embarcaciones en el Caribe y Pacífico que causaron más de 60 muertes. Instó a EE. UU. a detener operaciones que califica de violatorias del derecho internacional y a asegurar la justicia para las víctimas.

Este viernes 31, a través de un comunicado oficial, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzó una grave denuncia sobre los ataques continuos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Afirmó que estas acciones constituyen una flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos. Los informes recibidos señalan que estos incidentes han provocado la trágica muerte de más de 60 personas. Este número de víctimas, según Türk, representa un costo humano "inaceptable" que demanda una acción inmediata.

Türk instó directamente al gobierno de Estados Unidos a cesar estas operaciones y a prevenir el "asesinato extrajudicial de las personas a bordo de las embarcaciones" afectadas. Subrayó que los ataques "no encuentran justificación alguna en el derecho internacional”, desestimando cualquier pretexto que intente legitimar la pérdida de vidas humanas. Su llamado enfatiza la urgencia de proteger vidas en estas cruciales rutas marítimas, donde el derecho a la vida es vulnerado. La comunidad internacional espera una respuesta contundente.

El gobierno estadounidense ha defendido estas acciones, argumentando que forman parte de operaciones vitales contra el narcotráfico en la región. Sin embargo, el alto comisionado recalcó que cualquier operación debe ejecutarse respetando estrictamente las fronteras internacionales entre Estados soberanos. Además, enfatizó la necesidad de aplicar rigurosamente las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que restringen explícitamente el uso de la fuerza letal y priorizan la protección de civiles.

Türk recordó que el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso disponible en cualquier intervención, aplicando los principios de necesidad y proporcionalidad. Exhortó a las autoridades a garantizar una investigación pronta, independiente y transparente sobre todos los hechos denunciados, para esclarecer responsabilidades. Asimismo, solicitó que se sancione ejemplarmente a los responsables de estas conductas, reafirmando la obligación ineludible de los Estados de rendir cuentas cuando se vulneran los derechos humanos y el derecho internacional.