Por: karol Yulieth Lopéz león

Cuatro décadas después de la tragedia del Palacio de Justicia, la búsqueda de verdad revictimiza a decenas de familias, revelando un oscuro rompecabezas de identidades erróneas en sus sepulcros.

El 6 de noviembre de 1985, Colombia vivió 28 horas de horror en la Plaza de Bolívar. Mientras el país se debatía entre el narcoterrorismo y la guerra estatal contra guerrillas, el Palacio de Justicia se redujo a escombros. Combates e incendios sellaron un capítulo sangriento, dejando casi un centenar de víctimas mortales. Cuarenta años después, la justicia aún lucha por esclarecer lo ocurrido.

La búsqueda de la verdad ha traído un dolor renovado para las familias. Si bien seis de los doce desaparecidos históricos —como Lucy Amparo Oviedo y Cristina Guarín— finalmente fueron identificados, la zozobra se multiplicó para muchos más. Decenas de deudos descubrieron que las tumbas de sus seres queridos contenían cuerpos ajenos. Este nuevo golpe evidencia la profunda negligencia histórica.

Entre 2015 y 2018, la Fiscalía emprendió una exhumación masiva de cofres sellados que datan de 1985. Los hallazgos revelaron un perturbador patrón: los restos de Luz Mary Portela estaban en la tumba de Libia Rincón, y Héctor Jaime Beltrán fue identificado en el sepulcro del magistrado Julio César Andrade. Casos como los de Libardo Durán, cuyos restos fueron intercambiados con guerrilleros, y el magistrado Pedro Elías Serrano, cuyo cuerpo era de sexo femenino, exponen la magnitud de estas irregularidades. La revictimización se extendió a casos como el de Rosalba Romero, cuya familia recibió un cuerpo masculino, o la funcionaria Blanca Inés Ramírez, donde se hallaron osamentas de María Lida Mondol.

Este desolador panorama subraya la deuda histórica del Estado con sus ciudadanos y la urgencia de una justicia efectiva. El proceso de identificación, en lugar de sanar, ha expuesto una verdad aún más brutal sobre el manejo de las víctimas. La persistencia de cinco mujeres que perdieron a sus seres queridos, transformando su dolor en resistencia, sigue siendo un faro que interpela a la sociedad colombiana a exigir verdad, reparación y garantías de no repetición. La herida del Palacio de Justicia permanece abierta, clamando por un cierre digno.