Por: Miguel Angel Trujillo

Ángela María Buitrago renunció como ministra de Justicia de Colombia, alegando injerencias de altos funcionarios. El presidente Petro rechazó las acusaciones y defendió a sus colaboradores.

El viernes 16 de mayo de 2025, Colombia fue testigo de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien denunció presiones e injerencias en su gestión, especialmente relacionadas con el sistema penitenciario. Buitrago señaló directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, como partícipes en estas presiones, lo que según ella, comprometía su independencia administrativa y técnica.

La exministra afirmó que las presiones se centraban en la necesidad de realizar cambios en la dirección de la USPEC, buscando la salida de Ludwig Valero. Buitrago sostuvo que estas solicitudes no se alineaban con los principios técnicos y jurídicos que debían regir su labor, lo que finalmente la llevó a presentar su renuncia. En respuesta, el presidente Gustavo Petro intervino, indicando que fue él quien solicitó la renuncia de Buitrago debido a diferencias irreconciliables en cuanto a la política de paz y la reforma penitenciaria que promueve su gobierno.

Desde China, donde se encontraba en una visita oficial, Petro defendió a Benedetti y Rodríguez, negando que ellos fueran los responsables de la renuncia de Buitrago. “No hay que acusar a inocentes. El responsable soy yo”, declaró el presidente, enfatizando su rol en las discrepancias políticas que llevaron a esta decisión. Además, resaltó la necesidad de adoptar nuevos enfoques en la gestión del sistema carcelario colombiano, que contribuyan a la transformación y la paz.

La situación ha generado un amplio debate sobre la influencia y el poder dentro del gabinete de Petro, especialmente en torno a un supuesto bloque conformado por Benedetti, Rodríguez y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Aunque estas especulaciones han sido negadas por los implicados, la renuncia de Buitrago plantea interrogantes sobre la cohesión y la dirección futura de la actual administración, en un momento crítico para las políticas de justicia y reforma penitenciaria en el país.