Por: Miguel Angel Trujillo

El presidente Gustavo Petro enfrenta críticas por el traslado de periodistas a un cabildo en Barranquilla, asegurando que todo fue legal y transparente.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido el foco de controversia tras las acusaciones de un supuesto uso indebido de aeronaves oficiales para transportar comunicadores al cabildo abierto en Barranquilla el pasado 21 de mayo. La polémica comenzó con una denuncia pública de la periodista Diana Saray Giraldo, que fue amplificada por Luz María Sierra, directora de El Colombiano, quien sugirió que los aviones transportaron a "influenciadores".

En respuesta a estas acusaciones, el presidente Petro utilizó las redes sociales para aclarar la situación, escribiendo: “Hermana Luz María Sierra, periodista, nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales traquetos, sino periodistas. A los primeros no le causó a usted extrañeza, a los segundos sí.” Con estas palabras, Petro cuestionó la consistencia en las críticas recibidas, apuntando a un doble estándar en el tratamiento de ciertos temas por parte de algunos sectores de la prensa.

El cabildo abierto, según el Gobierno, fue un evento convocado legalmente como un espacio de participación ciudadana y contó con amplia cobertura de medios regionales y comunitarios. El ejecutivo también aseguró que no se contrató a influenciadores para el evento y reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad en el uso de recursos públicos.

Este incidente ha generado un debate sobre la ética en el uso de recursos del Estado y la libertad de prensa. Mientras el Gobierno defiende su derecho a facilitar la cobertura mediática de eventos públicos, críticos argumentan sobre la necesidad de una mayor fiscalización y transparencia en la gestión de los recursos estatales, especialmente en contextos políticos sensibles. La respuesta de Petro no solo busca aclarar la situación, sino también destacar su perspectiva sobre la relación entre el gobierno y los medios en un clima de creciente polarización.