Por: Miguel Angel Trujillo

Jueza colombiana Sandra Heredia, tras condenar a Álvaro Uribe, recibe amenazas y Fasol solicita medidas cautelares a la CIDH para su protección.

En un contexto de creciente polarización política en Colombia, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, del juzgado 44 Penal de Bogotá, se encuentra bajo amenaza tras dictar una condena de 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno. Esta decisión, emitida el 1 de agosto de 2025, generó una ola de reacciones, incluyendo fuertes críticas y ataques directos contra la jueza. Ante esta situación, el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares para garantizar su seguridad y la de su familia.

Las amenazas a la jueza provienen de diversas fuentes, incluyendo declaraciones del propio Uribe y sus allegados. Se ha denunciado una campaña de desprestigio en su contra, con señalamientos de parcialidad e incluso una acusación de “jueza radical” por parte de un representante de un gobierno extranjero. Estas acciones ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los operadores judiciales que actúan con independencia y transparencia, incluso frente a figuras políticas de alta influencia.

La condena a Uribe, aunque legalmente fundamentada, ha generado una profunda división en la sociedad colombiana. La presión social y política resultante ha exacerbado los ataques hacia la jueza Heredia, convirtiendo su situación en un grave problema de seguridad personal. Fasol argumenta que este tipo de intimidaciones buscan socavar la independencia judicial y obstaculizar el debido proceso.

La solicitud de medidas cautelares ante la CIDH es una respuesta urgente a la creciente amenaza que enfrenta la jueza Heredia. Se espera que la Comisión responda rápidamente para evitar consecuencias fatales y reafirmar el compromiso con la protección de los defensores de derechos humanos y operadores de justicia que trabajan en contextos de riesgo en Colombia. Este caso destaca la importancia de la protección internacional para garantizar la independencia judicial y el acceso a la justicia en un ambiente político complejo y tenso.