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Denuncias & Tribunales

jueves, 6 noviembre 2025

Tribunal estudia uso político de redes de MinEducación y Servicio Geológico.

Por: Miguel Angel Trujillo

La neutralidad estatal bajo escrutinio: Tribunal de Cundinamarca admite demanda contra el MinEducación y el Servicio Geológico por presunto uso político de redes oficiales.

En un desarrollo significativo para la transparencia pública en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido para estudio una demanda clave. Esta acción judicial se dirige contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano. Ambos son acusados de utilizar sus plataformas institucionales para la difusión de mensajes con una clara inclinación pro-Gobierno Nacional, un hecho que genera debate en el país en 2025.

La demanda fue interpuesta por la Fundación FedeColombia, una entidad que vela por la probidad en la gestión pública. Cuestiona directamente la réplica de pronunciamientos del presidente Gustavo Petro por parte de dichas entidades. Frente a la controversia, el mandatario respondió con firmeza: “Mi Educación es Gobierno y el Servicio Geológico es Ejecutivo, y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia”.

Las publicaciones señaladas por FedeColombia replicaban declaraciones del presidente sobre temas delicados como la descertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y las supuestas irregularidades detectadas en la Nueva EPS. La fundación argumenta que estas acciones constituyen un uso indebido de la publicidad oficial. Tal práctica está explícitamente prohibida por el Estatuto Anticorrupción vigente, buscando evitar la instrumentalización de recursos públicos para fines políticos.

Este caso subraya la importancia de delimitar la frontera entre la comunicación gubernamental y la promoción política en entidades estatales. La decisión del Tribunal abre un precedente crucial para la salvaguarda de la neutralidad institucional y la transparencia en el uso de los bienes públicos. Su resolución podría redefinir los parámetros de interacción entre el ejecutivo y las instituciones, garantizando una mayor rendición de cuentas en el ejercicio del poder.

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