Por: Miguel Angel Trujillo

Exfuncionaria presidencial implicada en escándalo de corrupción de la UNGRD. Fiscalía la acusa de lavado de activos y tráfico de influencias.

La Fiscalía General de la Nación presentó este martes una acusación formal contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Esta acción se enmarca dentro del amplio escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La investigación involucra el desvío de fondos públicos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira. Se espera que este caso arroje luz sobre las estructuras de poder que facilitan la corrupción en el país.


La acusación señala a Ortiz como la receptora de 3.000 millones de pesos en efectivo, entregados por exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y destinados al exsenador Iván Name, actualmente preso en La Picota. Name enfrenta cargos por cohecho impropio y peculado. Ortiz, en declaraciones a la prensa, manifestó temor por su vida, alegando presiones para que no revele información. La colaboración de López, quien aceptó un principio de oportunidad, es clave en la investigación.


La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó vehículos oficiales para el transporte del dinero, que provenía de la desviación de contratos para la compra de 40 carrotanques. El proceso judicial se encuentra en una etapa crucial, con la posibilidad de que se revelen nuevas implicaciones para otras figuras políticas y funcionarios públicos. La rapidez con la que avanzan las investigaciones genera expectativas sobre una posible sanción ejemplarizante.


Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública, especialmente en instituciones que manejan recursos destinados a la atención de emergencias. Las consecuencias de la corrupción en la Ungrd impactaron directamente a la población de La Guajira, poniendo en riesgo la prestación de servicios esenciales. La resolución de este caso será un referente en la lucha contra la corrupción y determinará la efectividad de las acciones tomadas por las instituciones judiciales.