Por: Katherine Cruz

La Universidad Nacional en Bogotá vivió tensión el pasado viernes 10 de octubre por una amenaza de seguridad y el rector Leopoldo Múnera denunció que el Ministro de Educación ingresó al campus ignorando la orden de desalojo, un acto que califica de inaceptable y contrario a la autonomía universitaria.

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, experimentó una jornada de alta tensión el pasado viernes 10 de octubre, tras la activación de un protocolo de emergencia por una amenaza contra la seguridad del campus. Las directivas de la institución, a través del Comunicado Conjunto N. 05, ordenaron el desalojo total y la suspensión temporal de actividades presenciales. Esta medida preventiva buscaba salvaguardar la integridad de toda la comunidad universitaria ante un riesgo potencial inminente.

En este contexto crítico, el rector Leopoldo Múnera denunció públicamente un "hecho inaceptable que desconoce la autonomía universitaria". Su pronunciamiento se refiere al ingreso del Ministro de Educación al campus, quien participó en un evento estudiantil a pesar de la clara orden de evacuación. Múnera enfatizó que esta acción del ministro socava los principios fundamentales de autogobierno de la academia.

La alerta de seguridad surgió tras la circulación en redes sociales de un mensaje que contenía una "amenaza específica contra la seguridad del Campus". La universidad actuó con celeridad, notificando a la Secretaría de Gobierno del Distrito, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Defensoría del Pueblo para coordinar las labores de verificación del riesgo. Además, un acto cultural autorizado para el 1 de octubre, vinculado a movilizaciones estudiantiles, fue comunicado a sus organizadores para su suspensión o modificación en aras de la seguridad institucional, anticipándose a la escalada.

Este incidente pone de manifiesto la delicada balanza entre la autonomía universitaria y la seguridad pública, especialmente en momentos de tensión y alerta. Mientras la universidad defendió la legalidad del acto cultural previamente autorizado, priorizó inquebrantablemente la integridad de sus miembros frente a la supuesta amenaza explícita. El comunicado del 10 de octubre subraya que la medida fue preventiva y que la confirmación del riesgo quedaba sujeta a una investigación en curso, resaltando la necesidad de coordinar acciones con entidades públicas sin comprometer la independencia académica.